Demandan investigación a Fiscalía

Confidencial

Wildredo Miradana

Las tomas de unas cámaras de videos de los establecimientos aledaños al Instituto de Seguridad Social (INSS) que circulan en las redes sociales, muestran las primeras imágenes de los encapuchados con camisetas de la Juventud Sandinista que en la madrugada del sábado atacaron a ancianos y jóvenes que mantenían un campamento de protesta pacífica en el costado sur de esa institución.

En los videos, que únicamente captan lo ocurrido a dos cuadras de donde se produjo la agresión en el plantón,  se observa a jóvenes universitarios huyendo  de un grupo de encapuchados que los persiguen, mientras otros dos con el rostro descubiertos, les dan instrucciones. Uno de los encapuchados lleva un  enorme garrote en la mano. Según la secuencia de imágenes, registrada a las 4:13 de la madrugada del sábado 22 de junio, tres camiones se dirigen en fila hacia el lado este de la rotonda de Plaza Inter..

Los testimonios de los agredidos señalaron que dichos camiones tenían logos de la Alcaldía de Managua y que en ellos llegaron más de 200 encapuchados que ejecutaron la agresión. Indican que mientras un grupo de los jóvenes que apoyaban a los adultos mayores intentaban regresar al campamento bautizado en las mismas redes sociales como #OcupaINSS, un taxista les advirtió “allá los están turqueando”.

Los jóvenes desconcertados corrieron hacia el lugar, pero de pronto, según las tomas, se quedaron en el mismo sitio cuando sus compañeros comenzaron a llegar agredidos. En las imágenes se reconoce a Cristhian Alvarenga uno de los agredidos, quien según los testimonios “vomitaba sangre de los golpes”.

El testimonio de los universitarios y estas imágenes contradicen a la Policía Nacional que la semana pasada emitió un escueto comunicado en el que desestimaron las denuncias de las víctimas de la brutal represión.

“Esta posición obedece a intereses oscuros y malintencionados que de forma perversa pretende desacreditar y deslegitimar la labor de la Policía Nacional de Nicaragua, presentando y manipulando a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, imágenes y videos de hechos que no ocurrieron en nuestro país y que tampoco fue realizado por nuestros agentes, lo que denunciamos y condenamos públicamente”, adujo la Policía Nacional en referencia a la actitud de complicidad con las fuerza de choque del gobierno achacada por los agredidos.

Los medios oficialistas también han intentado desacreditar los testimonios del #OcupaINSS, basándose en que efectivamente un periódico de circulación nacional publicó en sus cuentas de las redes sociales una foto de una anciana con la sien rajada que había sido tomada en Colombia.

No obstante, los testimonios de los jóvenes sobre lo ocurrido en la madrugada del sábado y en días anteriores, dieron pie a una denuncia que 14 de los 50 jóvenes agredidos interpusieron ante el Ministerio Público.

Los denunciantes dejaron claro que su querella es contra de la Alcaldía de Managua por facilitar camiones de la comuna para trasladar a las huestes, y contra la Policía Nacional por permitir el atropello y el partido gobernante, puesto que los más de 200 encapuchados que arremetieron contra ellos iban uniformados con camisetas de la Juventud Sandinista.

“Nosotros señalamos a la Policía y a la Aminta Granera (jefa de la institución), a la Alcaldía de Managua y al Frente Sandinista por haber sido el autor intelectual de este ataque, que fue orquestado por estas tres entidades”, especificó Carlos Villanueva, uno de los afectados.

Los jóvenes criticaron la displicencia de los funcionarios del Ministerio Público al momento de recibir las denuncias. Según ellos, el fiscal que los atendió ni siquiera ahondó en preguntas sobre los hechos que le narraron.

Quieren investigación autónoma

Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien ha acompañado a los querellantes desde el atraco, expresó que ellos demandan a la Fiscalía una investigación autónoma que no involucre a la Policía Nacional, ya que jugaría papel de juez y parte.

“El Ministerio Público debe recabar una visión de todo lo que ocurrió e identificar a todos los culpables”, dijo el defensor de los derechos humanos. “Es por eso que las denuncias solicitan una investigación independiente a la Fiscalía como lo establece el Código Procesal Penal”, agregó Carrión.

Los jóvenes que interpusieron formal denuncia el pasado jueves, recurrieron al siguiente día a la Fiscalía para urgir a las autoridades un requerimiento legal para que los videos de los establecimientos que captaron la agresión sean facilitados para exponerlos como pruebas de llegarse a abrir un proceso penal.

Carrión indicó además que los jóvenes demandaron análisis médicos a Medicina Legal para dimensionar el daño sufrido, “que no solo es la cara partida, sino el horror vivido”. A renglón seguido, los demandantes reclaman el robo de sus pertenencias, en la que resaltan siete vehículos, cuatro motocicletas, nueve cámaras digitales, veintisiete celulares, cuatro tabletas electrónicas, veinticinco carteras con documentos de identidad, tres computadoras, ocho anteojos, once tarjetas de débito y crédito, tres relojes,  dos iPods, tres guitarras, un cajón peruano, un pasaporte, un estetoscopio Littman y un tensiómetro.

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